Corte Suprema define 15 aspirantes para la Corte Constitucional
En desarrollo de la Convocatoria 02 de 2025, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia seleccionó a 15 personas. Estas continuarán en el proceso de conformación de la terna de candidatos de la cual el Senado de la República elegirá al próximo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional.
La elección, que se dio durante una sesión extraordinaria, se produjo luego del análisis detallado de las hojas de vida de 38 aspirantes que habían avanzado a esta etapa del proceso.
De acuerdo con la información oficial, esta preselección se llevó a cabo bajo criterios técnicos, objetivos y conforme a la normativa vigente, con el propósito de garantizar la transparencia y legitimidad del proceso.
Las 15 personas seleccionadas participarán en una audiencia pública el próximo 14 de agosto, en la que serán escuchadas por los magistrados de la Corte.
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Los nombres de los aspirantes seleccionados son: Juan Carlos Arias López, Pedro Oriol Avella Franco, María Patricia Balanta Medina, Juan Jacobo Calderón Villegas, Carlos Ernesto Camargo Assís, Gloria Patricia Lopera Mesa, Neila Fernanda Martínez Aldana, Viviane Aleyda Morales Hoyos, Andrés Mutis Vanegas, Floralba Alejandrina Padrón Pardo, Gonzalo Andrés Ramírez Cleves, Juan Pablo Suárez Orozco, Jaime Humberto Tobar Ordóñez, Isduar Javier Tovo Rodríguez y Jeofrey Alfonso Troncoso Mojica.
Una vez se cumpla la audiencia pública, la Sala Plena realizará una nueva ronda de votaciones para definir la terna definitiva que será enviada al Senado de la República.
Esta instancia será la encargada de escoger, mediante votación, al nuevo integrante de la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien termina su periodo.
La Corte Suprema reiteró que este proceso se ha llevado a cabo con apego a los principios de legalidad, mérito y publicidad. También señaló que la elección responde al interés institucional de asegurar que la Corte Constitucional continúe integrada por personas con altas calidades académicas, éticas y profesionales.
Este tipo de convocatorias públicas, según la Corte, busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, asegurar la independencia judicial y promover la participación abierta en los procesos de selección de altos funcionarios del Estado.