Solicitan vigilancia internacional por presunta presión a jueza del caso del expresidente Álvaro Uribe
Organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez enviaron una comunicación formal a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncian supuestas presiones externas que podrían comprometer la independencia del poder judicial colombiano.
El pronunciamiento se produce tras el fallo de primera instancia del pasado 28 de julio, en el que un juez penal de Bogotá condenó al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Según los firmantes, las presiones se intensificaron inmediatamente después de conocerse la decisión judicial, lo que encendió las alertas entre las víctimas y sus representantes.
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La misiva fue firmada por el senador Iván Cepeda, la médica Deyanira Gómez (víctima en el proceso), los abogados Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, así como integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).
En el documento advierten sobre “graves presiones nacionales y de autoridades de Estados Unidos contra la independencia del poder judicial colombiano”.
Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, expresó que “una vez se produjo el sentido del fallo condenatorio contra Álvaro Uribe Vélez, vino una andanada de intervenciones indebidas para afectar la independencia de la justicia, especialmente desde personas a nivel nacional, pero también algunos funcionarios importantes de los Estados Unidos en una clara intervención indebida contra la administración de justicia en Colombia que afecta el Estado de Derecho, que afecta la soberanía nacional, pero que pretende ejercer presiones para favorecer una decisión definitiva en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.
La carta fue dirigida a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, y a Roberta Clarke, relatora sobre personas defensoras de derechos humanos de la CIDH. En ella solicitaron una intervención urgente para garantizar la integridad del sistema judicial colombiano y la protección de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien leyó el fallo de primera instancia.
“Advertimos sobre los intentos de interferencia en la función jurisdiccional, lo cual representa una amenaza directa a la independencia judicial”, señala el comunicado, donde también se denuncia un contexto de “alta presión mediática y política”, con señalamientos hacia la jueza Heredia.
Finalmente, pidieron a las instancias internacionales monitorear la segunda instancia del caso, en manos del Tribunal Superior de Bogotá, para garantizar un juicio libre de injerencias.
