MinJusticia aseguró que el proyecto de ley de sometimiento no es una "amnistía disfrazada"
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó que el proyecto tiene como objetivo “el desmantelamiento de organizaciones criminales al margen de la ley” y que se trata de una política de paz, justicia y lucha contra el narcotráfico. Según detalló, los destinatarios se dividen en tres universos:
1. Actores del conflicto armado: grupos como el Clan del Golfo, que cumplen con los requisitos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) estructura organizada, control territorial, capacidad de mando y serán beneficiarios de la justicia transicional.
2. Grupos de crimen organizado de alto impacto: no son actores del conflicto, pero podrán someterse a la justicia ordinaria con beneficios penales premiales, sin acceso a penas alternativas.
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3. Judicializados por protesta social: personas que hayan sido condenadas o investigadas por hechos durante manifestaciones, quienes obtendrán reducciones de hasta el 70 % en sus condenas.
Montealegre recalcó que no se trata de una “amnistía disfrazada” ni de una “puerta abierta a la impunidad”, sino de un esquema que exige desmantelar las estructuras y entregar información completa. “La llave maestra la abre el acuerdo entre Fiscalía y los jefes de los grupos para explicar cómo se desmantela la organización”.
También aclaró que el narcotráfico no ha sido expresamente mencionado como impedimento, pero que los compromisos exigidos para ingresar a la política de sometimiento son rigurosos y están orientados a combatirlo. La propuesta ahora será debatida por 41 representantes que integran la Comisión Primera.
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Finalmente, el Ministerio de Justicia, si un delincuente que se acoge al proyecto de ley reincide desde la cárcel o incumple los compromisos, pierde automáticamente los beneficios. En ese caso, se le aplicará la pena principal completa, sin rebajas, que puede ser de hasta 60 años. No habrá nuevo juicio, solo ejecución directa de la condena original.
