Consejo de la Judicatura prioriza fallo de Uribe en segunda instancia
En una decisión de alto impacto jurídico, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó suspender temporalmente el reparto de acciones de tutela a la Sala Penal No. 19 del Tribunal Superior de Bogotá, la misma que deberá conocer en segunda instancia el proceso penal seguido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La medida se estableció mediante el Acuerdo CSJBTA25-42, expedido el 4 de agosto de 2025, y contempla la suspensión del reparto entre el 5 y el 20 de agosto del presente año, sin compensación posterior. La sala está integrada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto, quienes fueron designados desde el 1 de febrero de 2025 según el Acuerdo No. 001 del Tribunal Superior.
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El Consejo de la Judicatura justificó la decisión en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6.º del Acuerdo PSAA16-10561 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual permite ordenar la exoneración o disminución temporal del reparto judicial. Además, se amparó en el artículo 7.º del Acuerdo 1589 de 2002, que regula la asignación de casos en segunda instancia, para garantizar que el proceso de apelación del fallo contra Uribe sea asumido por la misma sala que conoció el caso inicialmente.
“Debido a la complejidad y la connotación nacional del proceso contra el doctor Álvaro Uribe Vélez”, se cree que es importante que los magistrados tengan las condiciones adecuadas para llevar el caso sin distracciones o interferencias de nuevas acciones de tutela. La finalidad de la suspensión es “que los magistrados puedan asumir el conocimiento del proceso sin que existan acciones de tutela en trámite”.
La decisión también fue comunicada a múltiples órganos de la Rama Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia del Tribunal Superior de Bogotá y las instancias administrativas relacionadas con la gestión judicial.
Finalmente, indicaron que el proceso contra Álvaro Uribe, quien fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno, entra ahora en una fase decisiva con la apelación pendiente. La suspensión del reparto refuerza el compromiso institucional de garantizar un análisis exclusivo, técnico y ajustado a derecho por parte de los magistrados encargados.