Desde sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro respondió a la controversia suscitada por la participación de voceros de paz en un evento público del Gobierno nacional en Medellín. Citando una fotografía de archivo de 2017 revelada por la revista Semana, en la que aparece el entonces secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, reunido en una mesa con desmovilizados señalados como integrantes de esa estructura criminal, el jefe de Estado ironizó:
“Esta reunión sí fue buena, pero si es pública y frente a las víctimas, es mala”.
La imagen, tomada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Federico Gutiérrez, muestra a Villegas reunido con Julio Perdomo, alias ‘El Viejo’, Edwin Tapias y otros exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Todos vinculados directa o indirectamente a estructuras de crimen urbano y bandas de origen paramilitar. La publicación reavivó el debate sobre los pactos de gobernabilidad en Medellín y la legitimidad de los acercamientos con estructuras armadas, dependiendo de quién los promueva.
La diferencia: público, con víctimas y bajo la Ley de Paz Total
El presidente Petro recalcó que su gobierno no oculta los encuentros con actores armados, sino que los realiza bajo el amparo del artículo 22 de la Constitución —que consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento— y en el marco jurídico de la Ley 2272 de 2022, que regula la política de Paz Total. En contraste, denunció que las administraciones anteriores promovieron acercamientos clandestinos sin legitimidad ni presencia de las víctimas.
“No se puede seguir señalando como criminal el proceso de paz solo porque es visible y se realiza en público, con los rostros de los responsables a la vista de la ciudadanía”, ha reiterado el mandatario en otras ocasiones, defendiendo que lo que antes se negociaba en secreto, hoy se expone de frente al país y a las víctimas.
“El que firme el acuerdo tendrá que cumplir”: alias ‘Douglas’
En entrevista con La W Radio este jueves, José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, exjefe de la Oficina de Envigado y hoy vocero en la mesa de paz de Itagüí, defendió su presencia en la tarima junto al presidente Gustavo Petro el pasado sábado en La Alpujarra. Afirmó que su papel es persuadir a jóvenes para que abandonen las estructuras criminales:
“Yo que soy vocero, tengo la obligación de participar en esto y ayudar a que los jóvenes se desarmen y busquen otro camino”, dijo.
‘Douglas’ aseguró que no tiene hombres bajo su mando y que su autoridad en las comunas de Medellín proviene del respeto que se ha ganado promoviendo salidas pacíficas. Según él, el proceso implica un compromiso de verdad, reparación y cumplimiento:
“El que firme el acuerdo tendrá que cumplir, porque o si no la ley se lo hará cumplir. Esto nos puede traer más cárcel, pero estamos comprometidos”, señaló.
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Reconoce apoyo a Federico Gutiérrez y cercanía con Gustavo Villegas
Muñoz también admitió haber apoyado en el pasado la candidatura de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín y tener una relación cercana con Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de esa ciudad.
“A mí me dijeron que había un concejal que quería ser alcalde y yo les dije a los muchachos que lo apoyaran. Yo apoyé a esa persona”, afirmó.
Sobre Villegas, indicó: “Fue una relación de toda la vida. Siempre hubo un acercamiento, hasta cuando lo metieron preso”.
Al ser confrontado por las críticas a su actual aparición pública, ‘Douglas’ respondió:
“Ahora sí es un pecado que salgamos en una tarima... Hay fotos de la reunión con Julio Perdomo y de las personas que teníamos encargadas de eso en la Alcaldía, con miembros del Gobierno, y ahora va a decir que no”.
2.000 niños en riesgo: objetivo de prevención con líderes sociales
El proceso de paz urbana que impulsa el Gobierno nacional busca intervenir de forma preventiva en las comunidades más afectadas por el crimen urbano. Según alias ‘Douglas’ y Jorge Vallejo, otro vocero del proceso que también habló con la emisora, uno de los ejes será identificar a 2.000 niños en riesgo —entre los 8 y los 17 años— para acompañarlos con líderes sociales y planes de vida alejados del delito.
“Queremos que esto sea irreversible, que lo que construyamos con el Gobierno y la institucionalidad genere confianza en la gente. La paz urbana es una deuda pendiente”, señaló Vallejo.