“Con permiso para despreciar”: violencias que persisten contra personas LGBTQ+ en el Magdalena
La vida de muchas personas LGBTQ+ en el Magdalena continúa atravesada por la violencia, el miedo y la discriminación. Aunque en los discursos se habla de inclusión, en la realidad persisten prácticas cotidianas que vulneran sus derechos. Así lo confirma el más reciente informe de Caribe Afirmativo, una organización que documenta y denuncia los atropellos que sufren las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Colombia.
De acuerdo con este informe, en el Magdalena, durante 2024, se han registrado al menos 39 casos que incluyen homicidios, amenazas, violencia digital, hostigamiento y actos discriminatorios. Uno de los patrones más preocupantes son las amenazas que llegan en forma de panfletos firmados por grupos armados ilegales o estructuras criminales. En estos mensajes, se promueven ideas de “limpieza social” y se señala a personas LGBTQ+ como “indeseables”, una etiqueta cargada de odio que puede traducirse en acciones concretas de violencia. En total, se han documentado más de 20 amenazas contra personas LGBTQ+ en el departamento, además de un caso específico contra un defensor de derechos humanos.
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Panorama nacional de la violencia
A nivel nacional, el panorama tampoco es alentador. Recientemente, la organización social presentó en Bogotá el informe anual “Con permiso para despreciar”, una radiografía preocupante sobre las violencias que enfrentan las personas LGBTQ+ en el país, evento que contó con la presencia de autoridades como Iris Marín Ortiz, directora nacional de la Defensoría del Pueblo; Scoot Campbell, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia; junto con organizaciones sociales y activistas.
El documento deja ver un incremento en las agresiones: en lo que va del 2024, se han documentado 7.263 hechos violentos contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer en todo el país, un aumento significativo frente al año anterior. Dentro de esas cifras, hay datos alarmantes. Se registraron 164 casos de violencia homicida, un aumento del 3,79% con respecto al 2023.
Además, 689 personas fueron víctimas de violencia sexual, lo que representa un crecimiento del 67%. Esto significa que, en promedio, cada día dos personas LGBTQ+ son agredidas sexualmente en Colombia. Las mujeres lesbianas y bisexuales aparecen como las más afectadas en este tipo de violencia. También se reportó que 28 personas han sido amenazadas por semana, 226 defensores han sido intimidados y 649 personas han sido víctimas de hostigamiento o discriminación.
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Discriminación e impunidad en el Magdalena
En el Magdalena, los actos discriminatorios no se limitan a las amenazas o agresiones físicas. Cinco casos documentados en el informe ocurrieron en espacios donde, en teoría, debería primar la protección y el respeto: instituciones educativas, lugares de trabajo, centros de salud y entornos comunitarios.
A esto se suman cuatro casos de violencia homicida y diez víctimas de violencia sexual en el departamento durante este año, reflejando que la violencia por prejuicio sigue latente y muchas veces no encuentra una respuesta adecuada por parte del Estado. Una de las cifras que más preocupa es el alto índice de impunidad: el 99,8% de los casos de violencia reportados no supera la etapa de indagación. En números, esto equivale a 1.312 hechos que, aunque fueron denunciados, no han tenido ningún avance real en la justicia. Esta falta de respuesta institucional no solo refuerza la desconfianza, sino que permite que los agresores actúen sin temor a consecuencias.
Políticas públicas y desafíos en su implementación
A pesar de este escenario, en el papel existen herramientas que podrían mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTQ+ en el Magdalena. Desde el 1 de agosto de 2018, está vigente la Ordenanza 067, que adopta una política pública para garantizar los derechos humanos y el bienestar de esta población. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce con claridad cómo se está implementando esta política, ni cuáles son los planes de acción concretos para ponerla en marcha. En algunos municipios del Magdalena también se han aprobado políticas similares, pero, como sucede a nivel departamental, la falta de ejecución y seguimiento impide que estas medidas se traduzcan en transformaciones reales. Si bien existen iniciativas como la Plataforma Digital de Convivencia y Seguridad, que permite hacer monitoreo de ciertos casos, no es suficiente si no se acompaña de acciones formativas, campañas de sensibilización y protocolos claros para prevenir y atender la violencia por prejuicio.
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Urgencia de acción
Es fundamental reconocer que no se trata solo de estadísticas. Cada caso representa una historia, una vida atravesada por el rechazo, la exclusión o el miedo. Por eso, es urgente promover entornos seguros para las personas LGBTQ+ en el departamento: que puedan caminar sin temor, estudiar sin ser señaladas, acceder a la salud sin ser juzgadas y exigir sus derechos sin poner en riesgo su vida. Implementar de forma real la Política Pública de Diversidad Sexual, formar a funcionarios públicos en temas de género y diversidad, y fortalecer las rutas de atención a víctimas son algunos pasos clave para avanzar hacia un Magdalena más justo e igualitario. La violencia por prejuicio no desaparecerá de un día para otro, pero reconocerla, nombrarla y actuar frente a ella es un primer paso necesario para construir una sociedad donde todas las personas, sin importar su identidad u orientación, puedan vivir dignamente.
