Maestros protestan contra Fiduprevisora y denuncian descuentos arbitrarios por parte de la Secretaría de Educación
En una nueva jornada de movilización, docentes de Bogotá se concentraron frente a la Fiduprevisora para exigir soluciones urgentes a la crisis en la atención en salud, que califican como insostenible. En paralelo, rechazaron las amenazas de la Secretaría de Educación de aplicar descuentos salariales por participar en protestas durante horario
escolar, sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.
“Llevamos año y medio esperando una solución real a la atención en salud. Hoy estamos aquí porque los maestros no pueden seguir haciendo filas interminables por una cita o un medicamento”, dijo Charly Munevar, fiscal de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), quien denunció además que el Distrito estaría aplicando represalias por ejercer el derecho a la protesta.
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Según la ADE, la Secretaría estaría incumpliendo los acuerdos firmados en junio de 2024 que permiten la movilización en contrajornada y contemplan la reposición de clases. A pesar de que los docentes repusieron las jornadas del 18 y 31 de marzo, y 24 de abril, la administración local emitió un memorando con nuevas condiciones y advirtió sobre descuentos salariales.
Munevar subrayó que tales sanciones se estarían imponiendo sin el debido proceso, vulnerando el Código Sustantivo del Trabajo, los decretos que regulan el régimen docente y convenios internacionales como el 87 de la OIT. “Aquí no sólo se vulneran derechos laborales. También hay persecución sindical y una narrativa oficial que estigmatiza a los maestros”, afirmó.
La ADE también alertó sobre lo que calificó como una “masacre laboral”: más de 400 maestras de jardines infantiles distritales fueron desvinculadas en el último año, muchas de ellas madres cabeza de hogar y en condición de prepensión. “El Distrito terminó un convenio sin ofrecer alternativas. Hemos llevado el caso al Ministerio de Trabajo y
esperamos respuesta del Ministerio de Educación”, agregó Munevar.
Pese a las críticas, la Secretaría sostiene que el derecho a la educación debe primar y que las protestas deben realizarse fuera del horario escolar, para no afectar a más de 700.000 estudiantes. El conflicto entre el Distrito y el magisterio continúa escalando, sin una mesa de diálogo efectiva a la vista.
