Alerta por fallas en implementación de curadurías urbanas en seis municipios del país
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, exhortó a las administraciones municipales de Ricaurte (Cundinamarca), Candelaria (Valle del Cauca), Girardota y La Estrella (Antioquia) por incumplir la obligación legal de determinar el número de curadores urbanos que requieren en sus territorios, previa aprobación del Ministerio de Vivienda.
El pronunciamiento se hizo en el marco de la función preventiva del ente de control, que busca garantizar el cumplimiento de las normas y mejorar la gestión territorial.
De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, desde 2019 estos municipios han sido requeridos en múltiples ocasiones para remitir los insumos técnicos que permitan emitir el concepto favorable y avanzar en la creación de nuevas curadurías urbanas.
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Sin embargo, hasta la fecha no han cumplido con la remisión de la información solicitada, lo que ha retrasado la implementación de este instrumento fundamental en la planeación y regulación del desarrollo urbano.
La falta de curadores urbanos en estas localidades afecta directamente la planeación territorial, pues mantiene una sobrecarga indebida de trámites en las secretarías de planeación municipales, al tiempo que genera demoras en los procesos urbanísticos.
Según la Procuraduría, la ausencia de estas figuras no solo priva a los municipios de beneficios como la agilización de procedimientos, sino que también aumenta los riesgos operativos y de corrupción en la gestión de licencias y permisos.
En paralelo, el ente de control advirtió que mantiene vigilancia sobre la implementación de la figura del curador urbano en Chía (Cundinamarca) y Jamundí (Valle del Cauca), municipios que ya cuentan con resolución favorable del Ministerio de Vivienda para dar inicio al concurso de méritos con el que se escogerán los curadores.
No obstante, pese a tener vía libre para avanzar en este proceso, aún no se han realizado las convocatorias correspondientes, retrasando así la designación oficial que debe efectuar la Superintendencia de Notariado y Registro.
La Procuraduría recordó que el incumplimiento injustificado de estas obligaciones puede derivar en sanciones disciplinarias para los servidores públicos responsables, de conformidad con lo establecido en la Ley 1952 de 2019.
Finalmente, insistió en la necesidad de que los mandatarios locales asuman con responsabilidad el cumplimiento de esta tarea, que resulta clave para garantizar el ordenamiento urbano, la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública.