"No eran guerrilleros": La JEP definió situación jurídica de 97 comparecientes de la fuerza pública en Huila
Luz Mery Martínez, víctima acreditada ante la JEP, y el compareciente José Lazo Londoño sembraron juntos una ceiba.
“Representa el árbol de la vida, a nuestros seres queridos y nuestra lucha”, dijo Martínez. Entre tanto, Lazo expresó que “el arrepentimiento es grande por todo el daño causado y significa la fuerza, la bondad y la verdad”.
Con esta acción simbólica conjunta entre comparecientes y víctimas del conflicto armado, inició en Neiva, capital del Huila, la audiencia para definir la situación jurídica de 97 comparecientes de la fuerza pública, no seleccionados como máximos responsables, involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.
Según los testimonios, las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión, en hechos que hoy son parte del proceso de verdad, justicia y no repetición que exige el país.
La magistrada Claudia Rocío Saldaña Montoya, quien presidió la audiencia junto con el magistrado José Miller Hormiga, expresó que “la verdad ha sido dolorosa y, en muchos casos, esquiva para las víctimas. Pero en la JEP buscamos una verdad verdadera, no una que oculte. Esa verdad ha sido posible gracias a la lucha incansable de las víctimas y a comparecientes que comprendieron la magnitud del daño”.
Los magistrados recorrieron y detallaron uno a uno, 38 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Huila. En ese recuento se resaltaron las virtudes y la vida de las víctimas.
Te recomendamos: Se levantó paro minero en Boyacá tras acuerdo sobre transición energética
“Era un hombre sereno, reservado, enfocado en su familia y en vivir con honestidad”, refiriéndose a Danilo Yepes, quien fue asesinado en el corregimiento de Bruselas, Pitalito, en el año 2006.
En cada caso hay unas líneas que se repiten: “La víctima no murió en un combate, no era un guerrillero, fue asesinada en estado de indefensión. Fue con la finalidad de presentar resultados operacionales” y se hizo referencia a quiénes ordenaron, quiénes materializaron y quiénes encubrieron.
Eyra Urquina Rojas, hermana de Ever Urquina- una de las víctimas-, cuenta que al inicio del proceso restaurativo que adelanta la JEP, no creía en la Jurisdicción.
“En 2008 sucedieron los hechos. En ese momento pensábamos en venganza. No creía en la JEP, pero fue un espacio de empoderamiento. Poderlos escuchar (a los comparecientes) me ha ayudado a comprenderlos como seres humanos, y sentir paz en mi ser, no aceptar, pero sí perdonar. Gracias a la JEP por esta nueva etapa de nuestras vidas”.
Comparecientes aportaron a la verdad
Al final de la jornada, que duró más de diez horas, los magistrados de la JEP firmaron la resolución con vocación de sentencia 2553 del 6 de agosto del 2025. Allí quedó consignado que los comparecientes, no podrán ser objeto de nuevas investigaciones penales, disciplinarias, fiscales y/o administrativas y les concedió la libertad inmediata, incondicional y definitiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 1957 de 2019 por los hechos que dieron lugar.
Igualmente, se ordena la cancelación de las órdenes de captura vigentes que hayan sido emitidas en su contra con ocasión de los mismos hechos, para lo cual se remitirá copia de la presente decisión a las autoridades judiciales competentes para cumplir lo aquí resuelto.
Uno de los principales criterios para la decisión de justicia restaurativa, según la magistrada Saldaña, era que se dijera la ‘mayor cantidad de verdad’.
La resolución declara que los comparecientes cumplieron con el componente de reparación inmaterial y simbólica a través de, primero, el aporte pleno y exhaustivo a la verdad; el proceso restaurativo ‘Tejiendo hijos de memoria’, y la elaboración de 23 piezas audiovisuales en las que se reconoce responsabilidad por los delitos cometidos y se reivindica el buen nombre de las víctimas y sus familiares.
Ver: Familiares de víctimas de falsos positivos en Huila piden que "nunca más" se repita esta tragedia en Colombia
Por muchos años, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron estigmatizados y, además, tildados de locos(as) por su insistente búsqueda de verdad. Ahora, la resolución también ordena que se incluyan en el Registro Único de Víctimas.
“La función de las fuerzas militares no es asesinar, no es ejecutar. La pena de muerte no es legal en Colombia”, había dicho previamente la magistrada Saldaña. “La vida es sagrada y debe respetarse en todo momento”, agregó el magistrado Hormiga.
Subcaso Huila
El macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta fueron las seis zonas priorizadas en la primera fase de la investigación.
En Huila, de acuerdo con la JEP, se registraron 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio, perpetrados por integrantes del Batallón de Infantería No. 26 'Cacique Pigoanza' (BIPIG), el Batallón de Infantería No. 27 'Magdalena' (BIMAG), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y la IX Brigada.
Los comparecientes en esta audiencia hacían parte del BIMAG. Los 97 incluidos en la resolución, reconocieron y aceptaron su responsabilidad. Ninguno de los casos tenía sentencia condenatoria en la justicia ordinaria y estaban en la impunidad.
“Ellos explicaron paso a paso cómo y por qué pasó, lo que logró esclarecer 38 hechos graves ocurridos entre 2005 y 2008 y dejaron 69 víctimas directas. Este reconocimiento público es una parte fundamental para la reparación porque devuelve la verdad y el buen nombre a las familias”, resaltó el magistrado Hormiga.