Corrupción y renovación tecnológica: los retos de la rama judicial en medio de la pandemia

Con la llegada de la pandemia, la Fiscalía General de la Nación y los entes de control se prepararon para los retos que debían enfrentar desde lo penal hasta lo disciplinario, y aunque se esperaba que no se presentaran irregularidades, algunos funcionarios públicos y civiles no estaban usando adecuadamente los recursos para enfrentar el Covid-19.

Por estas irregularidades, la Fiscalía tuvo que analizar 6 mil contratos por más de 667 mil millones de pesos, adelantar 410 investigaciones y 156 imputaciones por corrupción, de las cuales 147 han sido contra funcionarios públicos de 13 de los 32 departamentos del país.

Entre las imputaciones hay 37 contra alcaldes y cuatro contra los gobernadores de Amazonas, Putumayo y Chocó que habrían estado involucrados en los direccionamientos y otras posibles irregularidades en los contratos de la pandemia.

De hecho, en las últimas horas, se dictó orden de captura inmediata y medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, por su presunta responsabilidad en las irregularidades de un contrato por más de 200 millones de pesos para atender el Covid-19 en el departamento.

Adicionalmente, en estos dos años, la Procuraduría General también se sumó a las alertas advirtiendo del pago de favores políticos con la contratación y los sobrecostos en los mercados, como el polémico caso en el que una lata de atún costó 19 mil pesos, cuando en los almacenes de cadena se encontraban a menos de 7 mil pesos.

Sin embargo, la Rama Judicial no solo debió enfrentar estos casos. Por primera vez debió volcar sus funciones al 100% al mundo digital, logrando así que las audiencias aumentaran un 200% y el país ahorrara más de 36 mil millones de pesos. Es por esto que desde el Ministerio de Justicia se presentó un proyecto de Ley que reglamenta, de forma permanente, la virtualidad en la justicia.

A la fecha, los procesos penales y disciplinarios continúan en contra de los funcionarios y civiles que no solo estuvieron involucrados en las irregularidades en contratación, sino también en otros delitos con los que vulneraron el derecho a la vida y la salud de millones de habitantes en Colombia.