Exdirector de Inteligencia del DAS, condenado por tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque
El Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá profirió sentencia contra Giancarlo Auque de Silvestri, exdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), declarándolo coautor responsable del delito de tortura agravada continuada en perjuicio de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.
La decisión, emitida el 25 de agosto de 2025, fijó una pena de 150 meses de prisión (12 años y 5 meses), multa de 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo término. La juez negó la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena, y ordenó expedir la orden de captura y la circular roja de Interpol.
Persecución a la periodista en el marco del caso Garzón
Según la sentencia, los hechos ocurrieron entre 2001 y 2004, cuando Duque adelantaba investigaciones sobre el asesinato del periodista Jaime Garzón Forero. Durante ese periodo, la reportera fue sometida a una campaña de hostigamientos que incluyó amenazas, seguimientos, un secuestro y actos de persecución contra su hija menor de edad.
En 2001, Duque logró comprobar que un vehículo que la seguía pertenecía al DAS, lo que la llevó a salir del país. Estos actos, de acuerdo con el fallo, configuraron un esquema de tortura psicológica sistemática, ejecutada desde estructuras estatales para silenciar su labor periodística.
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Reconocimiento de violencia de género
El despacho judicial determinó que los ataques contra Duque constituyen además un delito de lesa humanidad, y subrayó que el caso es un ejemplo de violencia de género ejercida contra mujeres periodistas en Colombia.
La sentencia señala:
“Los hechos [...] son una muestra clara de la violencia de género que imperaba (y aún impera) en el país y que se despliega de forma generalizada en contra de las mujeres y con mayor fuerza en contra de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como son aquellas que dedican su vida a labores investigativas y de periodismo político”.
El fallo también ordena el pago de una indemnización por 126 millones de pesos a favor de la periodista, así como la implementación de medidas simbólicas y de garantías de no repetición.
Caso Garzón: agentes del Estado como victimarios
El asesinato de Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, es uno de los crímenes más emblemáticos contra la libertad de prensa en Colombia. La condena contra Auque de Silvestri se suma a otras decisiones judiciales que han señalado la responsabilidad de agentes estatales en las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos que investigaron este caso.
G‑3: la célula clandestina del DAS que persiguió a periodistas, defensores y opositores durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
El Grupo Especial de Inteligencia G‑3 fue creado sin base legal ni registro orgánico, bajo la administración de Jorge Noguera como director del DAS, con asesoría de José Miguel Narváez, ambos posteriormente procesados por graves violaciones a derechos humanos.
Esta célula, que operaba con recursos reservados, infraestructura propia y sin controles institucionales, ejecutó una campaña sistemática de interceptaciones telefónicas ilegales, vigilancia, seguimientos, hostigamientos y montajes judiciales contra quienes criticaban al gobierno de turno.
Además de la periodista Claudia Julieta Duque, entre las víctimas también se encuentran organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR),, el CINEP, así como magistrados y congresistas. Las tácticas utilizadas fueron definidas en manuales internos como "guerra jurídica", "guerra política" y "guerra psicológica".
En 2017, la Corte Suprema de Justicia condenó a Noguera y solicitó investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por posible relación indirecta con estas actividades. En 2023, el exagente del DAS Ronald Harbey Rivera fue condenado por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque, en un fallo que calificó su accionar como crimen de lesa humanidad.
Además, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han declarado la responsabilidad del Estado colombiano por estas violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. En casos recientes, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha recibido solicitudes de exfuncionarios del DAS vinculados al G‑3, quienes afirman que sus acciones estaban relacionadas con el conflicto armado.