Primer revés para Uribe: sigue vigente su orden de detención domiciliaria
El Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de medida provisional presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la que pretendía frenar su detención domiciliaria, ordenada tras la sentencia en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La decisión, considerada un revés inicial para el exmandatario, fue emitida por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien aclaró que no se cumplen los requisitos legales para intervenir cautelarmente en la sentencia emitida por la jueza 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia.
La acción de tutela fue radicada el 4 de agosto por el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, argumentando que el fallo de primera instancia vulneró derechos fundamentales como la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso del expresidente. En respuesta, el tribunal indicó que “no se accederá a decretar la medida provisional solicitada, lo cual en manera alguna significa que a partir de esta providencia se desprenda el sentido del fallo que se vaya a emitir cuando se resuelva la presente acción”.
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Por ahora, la medida de prisión domiciliaria continúa vigente y deberá ser ejecutada. El abogado Reinaldo Villalba, representante de víctimas en el caso, explicó que “el tribunal simplemente le dijo a la defensa, no vamos a suspender la detención domiciliaria mientras se resuelve la tutela. No le hicieron caso a la solicitud del abogado Granados”.
El caso ha escalado aún más tras la designación del magistrado Ramiro Riaño Riaño como ponente de la tutela. Las víctimas, representadas por Villalba, Miguel Ángel del Río e Iván Cepeda, solicitaron formalmente que Riaño se aparte del caso por posible impedimento.
Argumentan que la esposa del magistrado, Luz Adriana Gutiérrez Mejía, fue nombrada como fiscal durante la administración de Eduardo Montealegre, quien hoy es ministro de Justicia y fue parte activa en investigaciones contra Uribe cuando era fiscal general.
Además, recordaron que Riaño ya se había declarado impedido en febrero de este año, en una tutela relacionada con el juicio oral contra Uribe, pero solo informó su impedimento tres días después de decretar una medida provisional favorable al exmandatario.
Finalmente, las víctimas solicitan que el impedimento de Riaño sea resuelto por los otros dos magistrados del tribunal, para que sean ellos quienes decidan tanto sobre las medidas cautelares como sobre el fondo de la acción constitucional. Mientras tanto, Uribe sigue privado de la libertad y la sentencia quedará en firme el 13 de agosto, fecha a partir de la cual podrá ser apelada ante el mismo tribunal.