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Estado colombiano pidió perdón por la desaparición forzada de Óscar Iván Tabares Toro en Acto de Cumplimiento de Sentencia de la CIDH

El Estado colombiano ofreció disculpas públicas por la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro, en cumplimiento de una sentencia de la Corte IDH, reafirmando su compromiso con la memoria y la reparación a las víctimas.
Estado colombiano pidió perdón por la desaparición forzada de Óscar Iván Tabares Toro
IV Brigada del Ejército Nacional
James Fuentes

La ceremonia de perdón público por parte del Estado colombiano, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se convirtió en un referente de memoria histórica y reparación a las víctimas. Este acto no solo evidenció la persistencia de la familia de Óscar Iván Tabares Toro en la búsqueda de justicia, sino también reafirmó la responsabilidad de los gobiernos en la protección de los derechos humanos frente a crímenes que permanecieron impunes por décadas.

En un acto solemne realizado en la IV Brigada del Ejército en Medellín, el Estado colombiano ofreció disculpas públicas y reconoció su responsabilidad por la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro, ocurrida en 1997. Esta acción se enmarca en el cumplimiento de la sentencia de la CIDH del 23 de mayo de 2023, cerrando un ciclo de impunidad de más de 28 años, aunque la búsqueda de verdad y justicia para su familia continúa.


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La ceremonia, realizada el 19 de septiembre, fue un espacio dedicado a la memoria, la verdad y la dignidad. En ella, el Estado reconoció las violaciones a los derechos humanos de Óscar Iván y el impacto sufrido por sus familiares. El soldado, adscrito a la Escuela de Artillería General y asignado al Batallón de Contraguerrillas No. 20, desapareció el 28 de diciembre de 1997 en el Meta. A pesar de los procesos internos de la época, los hechos permanecieron en la impunidad y, tras casi tres décadas, su paradero sigue siendo desconocido.

La Corte IDH determinó la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración de múltiples derechos fundamentales: la vida, la integridad y la libertad personal de Óscar Iván Tabares Toro. También estableció la violación de derechos de sus familiares, como las garantías judiciales, la protección judicial, la honra, la dignidad y la verdad.

María Bibiancy Tabares Toro, hermana del soldado, expresó que el fallo de la CIDH fue una “gran sorpresa” y un motivo de “gozo” tras “muchos años” de lucha. Aseguró que este veredicto representa un “avance histórico” que permanecerá en la memoria de muchas personas.

Respecto al proceso, recordó que fue su madre quien lideró la búsqueda durante años, indagando por sus propios medios y tocando puertas tanto en entidades estatales como en organizaciones privadas. “Ellas fueron las que más apoyo me brindaron y llevaron este caso hasta distancias más altas”, señaló, destacando que ese esfuerzo se materializó en la sentencia y en el acto de perdón.

Por su parte, María Elena Toro, madre de Óscar Iván, recibió la sentencia con sentimientos encontrados. La calificó como un “llenar en parte”, pero aclaró que la verdadera plenitud solo llegará “el día que lo encuentre para darle cristiana sepultura”. Conmovida, recordó sus “27 años, 9 meses de lucha”, insistiendo en que durante mucho tiempo en Colombia nadie atendió su caso, ni siquiera la Fiscalía.

El acto contó con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; la viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad, Juliana Coronado Neira; la consejera presidencial para los Derechos Humanos y DIH, Lourdes Castro García; y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés. Durante la ceremonia también se rindió un homenaje especial a la señora María Elena Toro, símbolo de la perseverancia y valentía de miles de mujeres que enfrentan la incertidumbre de la desaparición forzada.

Con esta disculpa pública, el Estado colombiano reafirmó su compromiso con la reparación integral de las víctimas, la reconstrucción del tejido social y la garantía de no repetición, en un paso clave dentro de la política de derechos humanos del país.

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