El Ministerio del Interior, a través del Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, rechazó los recientes hechos violentos ocurridos en inmediaciones del Campo Quifa, operado por la empresa Frontera Energy, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Según la cartera, las acciones, entre ellas la doble perforación de la vía que conduce al sector del Oasis, representan una grave afectación para la economía local y la seguridad de las comunidades.
“Hay que decirle que las demandas que las diferentes poblaciones hacen en Bogotá son estructurales, Hay un abandono estatal de más de 50 años y lo que hemos venido haciendo desde el gobierno del cambio es llegar a las comunidades, pero claramente en cuatro años no se lograría. Ellos ven en Bogotá, como históricamente ha pasado, una vitrina para reclamar sus peticiones. También hay que decirlo que hay unos departamentos y municipios que no siguen atendiendo a la población y lo que hacen es invitarlos a que lleguen a Bogotá, y lamentablemente hay algunas gobernaciones y municipios que pareciese que se quisieran deslindar de su responsabilidad y cargársela al gobierno nacional”, aseguró Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
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Los bloqueos y daños sobre esta vía han interrumpido el tránsito en una zona clave para el sector petrolero, generando consecuencias negativas para familias campesinas, empresarios de la región y trabajadores del sector.
Las autoridades locales reportaron alteraciones en la movilidad y denuncias por amenazas a la integridad de ciudadanos. En total, se estima que al menos 1.200 personas han sido afectadas de forma directa por estas alteraciones en el orden público.
El Ministerio recordó que la protesta social es un derecho legítimo amparado por la Constitución Política y diversos tratados internacionales, pero enfatizó que este derecho pierde su validez cuando se recurre a métodos violentos o destructivos.