Cese de actividades indefinido en la Universidad del Valle tras el feminicidio de Sirley López
El feminicidio de Sirley López, estudiante de la Universidad del Valle, ha sido el detonante de una ola de indignación y movilización estudiantil que no solo clama justicia por su feminicidio, sino que expone una problemática estructural: la violencia basada en género dentro del entorno universitario.
Su muerte no fue un hecho aislado, sino el resultado de una acumulación de denuncias ignoradas, protocolos ineficaces y una cultura institucional que ha minimizado durante años las violencias hacia mujeres y disidencias, así lo mencionaron las integrantes de la Colectiva Feminista Ultravioleta, un junte estudiantil de activistas con un amplio recorrido en la representación política de los derechos de las mujeres dentro del movimiento estudiantil de la Universidad del Valle.
Se trata de una de las principales voces que han denunciando una intensificación preocupante de las violencias de género dentro del campus: acosos normalizados, amenazas sistemáticas, falta de medidas de protección y procesos administrativos que revictimizan a quienes se atreven a denunciar.
Cese de actividades indefinido: acciones en el marco de la emergencia.
Ante esta situación se anunció el cese de actividades indefinido declarado en asamblea por la comunidad de la Universidad del Valle, que adquiere una relevancia en el contexto de la emergencia por violencias basadas en género, representando una forma de acción política colectiva que interpela directamente a la institucionalidad universitaria.
“La vida de las mujeres y de las disidencias no puede seguir siendo desechable en el campus universitario, no basta con activar rutas ya fallidas, se necesita un compromiso real, ético y político con la erradicación de estas violencias”, señaló Natalia Velez, integrante de la Coletiva Ultravioleta.
En asamblea, la estudiantina realizó la formulación de un pliego de exigencias de cinco puntos que no solo busca frenar las violencias, sino transformar las condiciones de permanencia dentro de la universidad:
- Política de género con presupuesto y capacidad de reparación integral: Las y los estudiantes exigen la construcción de una política de género sólida, con enfoque interseccional, que cuente con recursos económicos reales y capacidades institucionales para reparar de manera integral a las víctimas. Esta política debe ser construida con la participación efectiva de colectivas feministas, disidencias de género y otras organizaciones que históricamente han denunciado estas violencias, garantizando que sus voces sean escuchadas y sus experiencias tomadas como base para el diseño de acciones efectivas.
- Protocolos claros que protejan a las víctimas: Se demanda la implementación urgente de protocolos transparentes, accesibles y confiables para atender casos de violencia basada en género. Estos deben priorizar la protección de las víctimas, evitando procesos burocráticos que las expongan nuevamente al daño o a la indiferencia institucional.
- Acompañamiento psicosocial permanente y no condicionado: El movimiento exige que se garantice un acompañamiento psicosocial continuo y sin restricciones para las víctimas de violencia, reconociendo que las consecuencias emocionales y psicológicas de estas experiencias no desaparecen con el tiempo ni se resuelven de manera aislada. Este apoyo debe estar disponible sin necesidad de que exista una denuncia formal, y debe prestarse desde un enfoque de cuidado, contención y confianza.
- Formación obligatoria en género, violencias y justicia feminista: Se plantea la necesidad de que toda la comunidad universitaria —incluyendo directivos, docentes, personal administrativo y estudiantado— reciba formación obligatoria sobre temas de género, violencias y justicia feminista. Este proceso formativo busca generar conciencia, desmontar estereotipos, desnaturalizar comportamientos violentos y construir una cultura universitaria comprometida con la equidad, el respeto y la erradicación de las violencias.
- Cambio cultural institucional que rompa con el pacto de silencio: Finalmente, se exige una transformación profunda de la cultura institucional que por años ha normalizado la violencia, protegido a agresores y silenciado a las víctimas.
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Voces que se unen y alzan su grito
A la declaratoria de emergencia por violencia de género en la Universidad del Valle se han sumado otras universidades del país, como la Universidad Nacional y la Universidad del Tolima.
Esta articulación nacional evidencia la urgencia de atender una problemática estructural que traspasa las fronteras de un solo campus. En cada uno de estos espacios, los reclamos son similares: rutas ineficaces, respuestas institucionales lentas o inexistentes, y una normalización peligrosa de las violencias contra mujeres y disidencias.
Finalmente las integrantes de la Colectiva Ultravioleta elevan un mensaje: “Si en su universidad hay denuncias pero no hay respuestas, ya hay una emergencia, no esperen a que ocurra un feminicidio para actuar, la omisión Institucional también mata. Denunciar es político, movilizarse es necesario y resistir juntes es urgente”.
