Congreso avanza en ley que obligará a capacitar funcionarios en enfoque de género
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca establecer como obligatoria la capacitación en violencias contra las mujeres y enfoque de género para ciertos servidores públicos, contratistas del Estado y particulares que ejerzan funciones públicas en entidades encargadas de la prevención y atención de dichas violencias.
La iniciativa, denominada 'Ley de Atención sin Revictimización', es de autoría de los representantes Catherine Juvinao y Juan Carlos Wills, y contó con ponencia de la congresista Alexandra Vásquez.
El proyecto fue respaldado de manera unánime por los congresistas presentes en la sesión, lo que refleja el amplio consenso en torno a la necesidad de transformar la forma en que las instituciones del Estado interactúan con las mujeres víctimas de violencias, en especial aquellas de carácter intrafamiliar o sexual.
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Según la representante Alexandra Vásquez, el proyecto es un reconocimiento a las voces de muchas mujeres que, además de ser víctimas de agresiones, han sufrido la revictimización institucional al no recibir atención adecuada.
“Este es un proyecto que resume la voz de muchas mujeres que han sido víctimas de violencia, principalmente intrafamiliar. De esta violencia que vuelven y realizan las instituciones al revictimizarlas. Muchas mujeres que buscan protección son revictimizadas por las instituciones encargadas de atenderlas”, señaló Vásquez durante su intervención.
La congresista también expuso cifras preocupantes que evidencian la falta de preparación institucional. Según datos citados en el debate, uno de cada tres casos de feminicidio en el país corresponde a mujeres que habían solicitado protección previamente.
Solo el 18% de los jueces de familia cuentan con capacitación en enfoque diferencial y de género, y muchas comisarías de familia carecen de equipos interdisciplinarios y espacios adecuados para ofrecer atención integral.
El proyecto establece que las capacitaciones serán periódicas y estarán orientadas a fortalecer las competencias técnicas, profesionales y humanas de quienes tienen responsabilidades en la atención a mujeres víctimas de violencia.
El objetivo es formar servidores con habilidades y actitudes que garanticen un trato digno, respetuoso y libre de prejuicios, revictimización o discriminación.
El Ministerio de la Igualdad y la Equidad será la entidad encargada de coordinar el diseño de los contenidos y metodologías de las capacitaciones.
Cada entidad pública obligada deberá remitir anualmente un informe de cumplimiento a ese ministerio, que a su vez consolidará un informe nacional que se publicará en el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE).
La iniciativa también contempla sanciones para quienes incumplan la obligación de capacitarse. “Los funcionarios que no asistan estarán sujetos a sanciones disciplinarias conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y 67 de la Ley 1952 de 2019. Y en el caso de los contratistas, las cláusulas contractuales deberán incluir la obligación de participar en los procesos de formación”, explicó Vásquez.
Finalmente, la representante resaltó que la Procuraduría General de la Nación será la entidad encargada de vigilar que las capacitaciones se cumplan en todas las entidades públicas obligadas. “Esto no es solo una ley. Es un acto de justicia para las mujeres que han sido ignoradas o maltratadas por el sistema”, concluyó.
