La Sala Penal de un tribunal superior tomó una decisión clave en el proceso que se adelanta contra los abogados Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz, quienes enfrentan cargos por soborno en actuación penal y fraude procesal.
En un auto reciente, el tribunal resolvió un recurso de apelación presentado por el fiscal del caso, el apoderado de la víctima y los defensores, sobre la admisión o rechazo de pruebas solicitadas en el juicio.
En primer lugar, el tribunal decidió rechazar la apelación de los defensores respecto a la exclusión de varias pruebas. Esto ratificó la validez de los chats de WhatsApp entre Carlos Enrique Vélez y Juan José Salazar Cruz, las interceptaciones entre este último y Diego Cadena, así como los informes elaborados por el investigador Óscar Rodolfo Vargas Soler y el emitido el 4 de octubre de 2018 por Frank Giovanny Gutiérrez.
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De manera más significativa, el tribunal revocó parcialmente una decisión previa del Juzgado 3.° Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá y ordenó que se admitan como prueba interceptaciones de comunicaciones entre Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Estas interceptaciones se encuentran contenidas en una serie de informes técnicos rendidos por Carolina Vargas Villamil, con fechas que abarcan entre mayo de 2018 y septiembre de 2019. También se aceptó la transliteración de esas conversaciones, realizadas en distintos números telefónicos, como material probatorio dentro del proceso.
El caso contra Cadena y Salazar se basa en hechos ocurridos entre julio de 2017 y febrero de 2018, cuando, según la Fiscalía, ambos abogados habrían buscado alterar versiones de testigos clave en el proceso penal seguido contra Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los casos más notorios involucra a Carlos Enrique Vélez, confeso paramilitar, a quien le habrían ofrecido $200 millones para que modificara su testimonio y acusara al senador Iván Cepeda de intentar manipularlo. Parte de ese dinero habría sido entregado en efectivo, giros y consignaciones a familiares y conocidos del testigo.
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En otro episodio, Diego Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos a Juan Guillermo Monsalve, también testigo contra Uribe, a cambio de retractarse de sus declaraciones. Según la acusación, las cartas de retractación de Vélez y Monsalve fueron posteriormente presentadas por los abogados defensores del expresidente ante la Corte.
La Sala concluyó que su decisión no admite recurso y ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para continuar con el proceso judicial.