MinDefensa exige liberación de funcionarios del CTI y policías secuestrados
El Gobierno nacional rechazó enérgicamente el intento del Eln de legitimar el secuestro de cuatro funcionarios colombianos bajo el anuncio de un falso “juicio revolucionario”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que el Estado no cederá ante el chantaje ni la intimidación de grupos armados ilegales y reiteró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional seguirán cumpliendo su misión constitucional de proteger a todos los colombianos.
Durante su pronunciamiento oficial, el ministro Sánchez Suárez se refirió directamente al sufrimiento de los dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y los dos patrulleros de la Policía Nacional que permanecen en poder del Eln.
“A nuestros dos policías y dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN: no los hemos abandonado. Reconocemos su valentía y estamos seguros de que regresarán pronto a casa, sanos y salvos”, expresó el ministro.
Con tono firme, Sánchez Suárez calificó el secuestro como “un crimen que vulnera los derechos humanos y la dignidad de las víctimas”, y cuestionó el supuesto carácter político que el grupo armado intenta atribuir a sus acciones.
“No entiendo qué hay de revolucionario en secuestrar. No entiendo qué hay de revolucionario en llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios de la Fiscalía. No entiendo qué de revolucionario tiene evitar que se lleve paz, salud, educación y trabajo digno a la gente de Arauca”, afirmó.
Los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul (Arauca). Por su parte, el subintendente Frankie Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, de la Policía Nacional, fueron interceptados el 20 de julio en la vía que comunica Tame y Arauca.
En las pruebas de supervivencia divulgadas el pasado 20 de octubre, los secuestrados enviaron mensajes al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo, pidiendo gestiones urgentes para su liberación y denunciando problemas de salud y falta de atención médica.
El comandante general de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, condenó con firmeza el secuestro y anunció que se activaron los mecanismos de denuncia nacional e internacional, al tiempo que se mantienen operaciones de inteligencia y búsqueda en la zona fronteriza.
“Cada minuto que permanezcan privados de la libertad constituye una afrenta no solo a las Fuerzas Militares, sino al Estado colombiano y a todo un país que anhela la paz”, manifestó Cubides.
El alto mando militar reiteró que las tropas están “firmes, desplegadas y determinadas a garantizar su regreso sanos y salvos”, y reafirmó la disposición del Estado para actuar dentro de los marcos del Derecho Internacional Humanitario.
El pronunciamiento del Gobierno se produjo tras un video del Eln en el que el grupo armado anunció un “juicio revolucionario” contra los secuestrados, alegando retrasos en las negociaciones con el Estado. Según la grabación, el llamado Frente de Guerra Oriental impondría “penas de prisión” de tres a siete años bajo su custodia, argumentando que se trata de una forma de “justicia diferenciada”.
El Ministerio de Defensa calificó ese anuncio como una maniobra de intimidación y reiteró que “ninguna estructura ilegal tiene autoridad moral ni jurídica para someter a civiles o funcionarios del Estado”.
El ministro Sánchez Suárez envió un mensaje directo a los captores:
“Si el Eln tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos. Es más, tienen la oportunidad de desmovilizarse. Háganlo. Sus familias también los esperan”.
El funcionario cerró su intervención recordando que el Gobierno mantiene una política de paz basada en la verdad, la justicia y la protección de la vida, pero que no aceptará presiones ni chantajes que pongan en riesgo la dignidad de las personas ni la autoridad del Estado.