El concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, alertó sobre posibles irregularidades en contratos para la vigilancia de la capital del país y la Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra César Restrepo, actual secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.
Por su parte, la Contraloría Distrital reveló serias fallas en la planeación y ejecución de tres contratos firmados entre 2022 y 2024 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), por un valor superior a los 15.500 millones de pesos. El objetivo era fortalecer 800 frentes de seguridad ciudadana mediante tecnología como cámaras, botones de pánico y estaciones de monitoreo. Sin embargo, apenas 100 grupos fueron beneficiados, es decir, solo el 12,5 % de la meta.
Además de los resultados por debajo de lo esperado, las autoridades de control advirtieron que los equipos entregados durante el proyecto no fueron dejados en manos de las comunidades ni del Distrito, sino que fueron devueltos una vez finalizados los contratos, lo que impidió que se consolidara una capacidad instalada sostenible.
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Investigación por sobrecostos y poca eficiencia
La Contraloría identificó posibles sobrecostos y ausencia de estudios de mercado, así como hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por más de 600 millones de pesos. Por estos hechos, el ente de control calificó como “críticas” las fallas en la planeación contractual y abrió una investigación formal que compromete al secretario César Restrepo.
El concejal Uscátegui señaló: “Aquí no solo hubo mala planeación, hubo una irresponsabilidad absoluta con la seguridad de los bogotanos”.
A esta situación se suman otros problemas estructurales, como el déficit de más de 10.000 policías en Bogotá, según la Personería Distrital. Las localidades más afectadas por la falta de pie de fuerza son Suba, Kennedy y Bosa. Además, el 22 % del parque automotor que la Secretaría de Seguridad entregó en comodato a la Policía Metropolitana está actualmente fuera de servicio por falta de mantenimiento.
Videovigilancia también es materia de investigación
Bogotá cuenta con más de 10.900 cámaras instaladas, pero solo cubren el 27 % del espacio público y de las más de 15.000 cámaras privadas ubicadas en edificios y conjuntos residenciales, menos del 20 % están conectadas al centro de monitoreo C4, limitando la efectividad del sistema de seguridad.
La situación, que refleja una desconexión entre los recursos invertidos y los resultados reales, plantea serios cuestionamientos sobre la gestión de la seguridad en la capital del país y abre un nuevo capítulo de debate en torno a la transparencia y eficiencia del gasto público.