En el marco de las operaciones sostenidas contra los grupos armados organizados que delinquen en el Pacífico sur, fueron dados de baja dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) “Rafael Aguilera”, durante una acción militar conjunta liderada por la Armada de Colombia y el Ejército Nacional en el departamento de Nariño.
El operativo tuvo lugar en la vereda El Salto, jurisdicción del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, tras un despliegue estratégico de las tropas basado en información de inteligencia suministrada por la Armada. Según el reporte oficial, los individuos fueron localizados mientras recibían dineros provenientes de actividades ilegales como la comercialización de oro extraído de forma ilícita y el narcotráfico. Al detectar la presencia de las fuerzas militares, se generó un combate de encuentro en el que resultaron muertos los dos presuntos miembros de esta estructura armada ilegal.
Lee también
Durante la operación fueron incautados tres fusiles y tres proveedores de diferentes calibres, los cuales quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Vinculados con minería ilegal, narcotráfico y ataques a la fuerza pública
De acuerdo con información de inteligencia militar, los dos sujetos estarían relacionados con múltiples delitos como tráfico de estupefacientes, extorsión, homicidios selectivos y extracción ilegal de minerales en esta zona del Pacífico. Uno de los neutralizados sería experto en manejo de explosivos dentro del GAO-r “Rafael Aguilera”, estructura perteneciente al Bloque Occidental “Jacobo Arenas”.
Este grupo armado también estaría involucrado en recientes acciones violentas contra la fuerza pública, incluyendo el ataque a una Patrullera de Apoyo Fluvial de la Armada de Colombia en el río Micay, ocurrido el pasado 21 de febrero, así como el atentado con explosivos perpetrado el 12 de junio contra el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 en Guapi, Cauca.
Seguridad del Pacífico
Las autoridades militares han dicho que van a continuar con la protección de la población civil y el desmantelamiento de estructuras armadas ilegales que representan una amenaza para la seguridad en la región.