La Procuraduría General de la Nación convocó a una mesa de trabajo para los días 24 y 25 de junio con el fin de atender las graves vulneraciones de derechos fundamentales que enfrentan varias comunidades indígenas asentadas a orillas del río Inírida, en el departamento del Guainía.
La cita incluye a la Secretaría de Educación Departamental y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidades llamadas a responder por las deficiencias detectadas.
Esta acción del Ministerio Público surge a partir de una visita reciente realizada por la Defensoría Regional del Guainía, que puso en evidencia una serie de situaciones que comprometen seriamente el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y los servicios públicos en poblaciones indígenas de las localidades de Chorrobocón, Zamuro, Sejalito, Piedra Alta, Venado y Remanso.
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“Las condiciones en las que viven estas comunidades son profundamente preocupantes”, señaló la Procuraduría. Por ello, además de convocar la mesa de trabajo, se solicitó respuesta institucional a varias entidades, incluyendo la Gobernación del Guainía, la Alcaldía de Inírida, la Nueva EPS, el Hospital Renacer y la empresa de energía Emelce. Cada una deberá explicar su actuación frente a las quejas recibidas y comprometer soluciones concretas.
Uno de los temas más graves señalados por los habitantes tiene que ver con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuya implementación es deficiente. “En algunas comunidades ni siquiera hay entrega de alimentos; en otras, se ofrecen raciones escasas o con bajo contenido nutricional”, denunciaron. Se ha reportado que, en varias instituciones educativas, los únicos alimentos disponibles son enlatados.
Las condiciones de infraestructura también son críticas. Muchos niños, niñas y adolescentes no tienen acceso a agua potable y consumen agua lluvia, del caño o directamente del río Inírida, lo cual representa un grave riesgo para la salud.
En algunas escuelas no hay baños ni lavamanos, o estos están fuera de servicio. Además, se registran fallas en el suministro de energía eléctrica y deterioro estructural en las sedes educativas.
Finalmente, en el ámbito de la salud, el ente de control destacó que es urgente dotar, reparar o reconstruir los puestos de salud existentes. “La presencia del Estado es mínima, y la atención médica es insuficiente o inexistente”, concluyó el Ministerio Público, advirtiendo que se hará seguimiento estricto a los compromisos que se asuman en esta mesa interinstitucional.