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Comunidades de los Cerros Orientales protestan por falta de servicios y legalización de barrios

Habitantes de Usaquén, San Cristóbal y Chapinero bloquearon la Autopista Norte y la carrera Séptima para exigir al Distrito el cumplimiento del fallo que ordena legalizar 26 asentamientos. Denuncian más de 30 años sin agua, alcantarillado ni respuestas efectivas.
Carlos Ramos

Las protestas en los Cerros Orientales de Bogotá volvieron a poner en evidencia la crisis de vivienda y servicios que afecta a miles de familias en la franja de adecuación de la reserva forestal. El fin de semana, comunidades de Usaquén, San Cristóbal y Chapinero bloquearon la Autopista Norte con calle 170 y la carrera Séptima, generando afectaciones a más de 21.600 usuarios de TransMilenio.

Los habitantes reclaman el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado de 2013, que ordenó la legalización de 26 asentamientos. Hasta ahora, solo 13 han sido formalizados, 4 fueron negados y 9 permanecen en trámite, entre ellos Arauquita, Buenavista II, Soratama, Aguas Claras y El Paraíso.


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Durante la jornada, líderes comunitarios denunciaron presunta represión de la UNDMO contra los manifestantes, muchos de ellos adultos mayores. “Estábamos en paz, pero llegaron y nos atacaron; somos más de 200 personas de la tercera edad”, relató doña Ruth, una vocera del barrio Horizontes.

Otra líder del sector de Chaparral, la señora Amelia, advirtió que llevan casi tres décadas sin acueducto ni alcantarillado en las zonas altas, con graves afectaciones ambientales y sanitarias. “Las mesas de trabajo con el Distrito han sido nulas, no hay acuerdos ni cumplimiento”, afirmó.

Los manifestantes responsabilizan a la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hábitat, la UAESP, la Empresa de Acueducto y la CAR por el incumplimiento del fallo, y reiteran que la solución requiere diálogo y recursos, calculados por el Concejo en al menos un billón de pesos.

Radio Nacional de Colombia consulto a la Alcaldía Mayor y su oficina jurídica a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la administración y las entidades involucradas.

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