Presidente Petro propone que el Banco de la República sea el único comprador de oro en Colombia
El presidente Gustavo Petro denunció por medio de sus redes sociales, que la economía ilícita del oro genera más recursos a los grupos armados que el narcotráfico de cocaína. Como respuesta, planteó una reforma constitucional para que el Banco de la República se convierta en el único comprador de este metal en el país. Según el mandatario, esta medida acabaría con la principal fuente de financiación de estructuras ilegales y permitiría que los impuestos lleguen de manera directa a las regiones productoras.
Un negocio ilegal más rentable que la cocaína
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la minería ilícita de oro ha venido superando al narcotráfico en rentabilidad para los grupos armados. En 2022, cerca del 73 % de la explotación de oro de aluvión en Colombia fue ilegal, especialmente en departamentos como Chocó, Antioquia y Bolívar.
La magnitud del negocio es tal que entre 2010 y 2018 se estima que el país dejó de percibir alrededor de US$5.600 millones en impuestos y regalías, mientras que en los últimos años el hueco fiscal acumulado por esta práctica supera los 3,6 billones de pesos, según cifras del Ministerio de Minas y Energía.
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Impacto social y ambiental
Además del componente económico, la minería ilegal de oro tiene un fuerte impacto ambiental. El uso indiscriminado de mercurio contamina ríos y suelos, y buena parte de esta actividad se desarrolla en áreas de reserva forestal y territorios étnicos. Organismos ambientales advierten que más de 94 mil hectáreas están hoy afectadas por la explotación ilegal en zonas protegidas.
En lo social, esta actividad ha sido ligada al trabajo infantil, el desplazamiento forzado y la consolidación del control territorial de estructuras armadas que imponen rentas y ejercen violencia sobre comunidades mineras.
Un debate abierto
La propuesta del presidente Petro busca centralizar la compra de oro en manos del Banco de la República, lo que representaría un cambio de fondo en el esquema actual de comercialización. La iniciativa genera interrogantes sobre su viabilidad jurídica, la logística de compra y el impacto que tendría en los mineros artesanales que trabajan de forma legal.
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Aunque aún no se conocen detalles del proyecto, el debate ya está abierto y promete enfrentar a sectores políticos, económicos y sociales sobre cómo combatir de manera efectiva el poder de la minería ilegal en el país.