En el marco de una sesión conjunta de la Comisión Occidental de Cámara y Senado sobre los derechos humanos en la protesta social, se escucharon este martes las voces de jóvenes judicializados durante el estallido social de 2021, varios de los cuales cumplen condenas por hechos ocurridos durante las manifestaciones en el Gobierno del expresidente Iván Duque.
Johan Sainea, uno de los jóvenes condenados, participó de manera virtual desde el centro de reclusión.
En su emotivo testimonio relató las condiciones de pobreza que vivió antes de su captura, “me cocinaba un huevo, lo partía en dos y le daba la mitad a mi hermana menor y la mitad a mí para desayunar. Donde yo tenía que ir a un comedor comunitario con 500 pesos, una monedita, a reclamar dos almuerzos. Compartí uno con mi hermana menor y uno con mi madre fallecida”.
Sainea insistió en que sus acciones no respondieron a intereses políticos sino a una lucha por los derechos básicos, “esto es algo muy humano, esto no es algo político. Nosotros no tenemos una afinidad política. Nosotros defendemos la vida, la libertad, la diversidad y aún hoy es perseguida, aún hoy es exiliada, aún hoy es expulsada”.
El senador Alirio García, del Pacto Histórico, destacó las denuncias de David Bernal, otro de los jóvenes que testificó durante la audiencia. “Allí, por fortuna, quedan dos. Era un patio para jóvenes de la protesta social. Tuvimos 36 personas detenidas allí. Gracias a la labor de los abogados, hoy solo quedan dos personas en ese lugar de reclusión”, explicó García, al referirse a la situación carcelaria.
Sin embargo, el testimonio más alarmante de Bernal fue la denuncia del asesinato de siete jóvenes tras su excarcelación, “David hizo una denuncia que no se había dicho en esta audiencia y es que efectivamente siete jóvenes que salieron de la cárcel posteriormente fueron asesinados. Y no es casual que la mayoría de ellos los hubiesen culpado de asesinar o torturar policías y luego aparecen asesinados”, dijo el senador.
Actualmente, según cifras reveladas en la audiencia, 34 jóvenes continúan en prisión, muchos condenados por delitos como terrorismo y concierto para delinquir. “La ONU y la CIDH han dicho que no se les debe imputar esos delitos”, recordó el senador García.
Finalmente, la audiencia recogió reclamos sobre abandono institucional desde gobierno anteriores y solicitaron a las entidades avanzar en la creación de una Comisión de la Verdad sobre el estallido social y se reiteraron peticiones a entidades como el INPEC, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior para garantizar verdad, justicia, reparación y libertad para los jóvenes judicializados.