El presidente Gustavo Petro ha sido blanco de al menos 34 amenazas verificadas, según denunció un representante a la Cámara en entrevista con Radio Nacional. La alerta más reciente fue emitida por Casa Militar el pasado fin de semana, en medio del regreso del mandatario desde España, donde se habría identificado un posible plan de atentado.
La gravedad del hecho ha encendido las alarmas, no solo por la reiteración de amenazas, sino también por la presunta participación de estructuras criminales internacionales con capacidad armamentística sofisticada.
“Estamos frente a una situación alarmante. Se ha identificado la posible utilización de misiles tierra-aire, lo cual evidencia que no estamos hablando de bandas criminales menores, sino de redes con una estructura logística de alto nivel”, señaló el congresista.
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El legislador también recordó que en septiembre de 2024 el propio embajador de Estados Unidos reconoció la existencia de riesgos ciertos contra la vida del presidente colombiano.
La denuncia ha sido formalmente trasladada a la Fiscalía General de la Nación, así como a los entes de inteligencia del Estado. Se trata de las mismas amenazas previamente advertidas por la Casa Militar, que ya realiza investigaciones internas sobre los movimientos y protocolos de seguridad del jefe de Estado.
Según el congresista, el silencio de algunos medios de comunicación y la falta de pronunciamiento por parte de sectores políticos son hechos preocupantes, pues no se está dimensionando la amenaza desde su real magnitud.
“Este no es un tema de simpatías políticas. Es un asunto de Estado. La vida del presidente de la República debe ser protegida por todos los sectores sin excepción. Lo que ocurrió en Ecuador hace dos años, con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, es una advertencia clara. No podemos permitir que se replique ese modelo de desestabilización en Colombia”, agregó el representante, al referirse al contexto de violencia política que se vivió en ese país.
El congresista también advirtió que estas amenazas podrían formar parte de un intento por desestabilizar el país en el marco de las elecciones presidenciales de 2026. “No se puede descartar que existan intereses nacionales e internacionales que busquen alterar el orden democrático colombiano”, aseguró.
La ciudadanía, según expresó, debe estar informada y vigilante frente a estos hechos, que ya hacen parte de la agenda de seguridad del Estado. “Cerrar filas para proteger la vida del presidente es también una forma de defender la democracia”, concluyó.