Avanza la tercera audiencia del proyecto de Paz Total: Gobierno asegura que garantiza reparación a las víctimas
En el Congreso de la República se realizó la tercera audiencia pública sobre el proyecto de ley que establece el marco jurídico para la 'Paz Total'.
Tras las sesiones en Tumaco y Medellín, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes abrió un nuevo espacio en Bogotá para escuchar a comunidades, organizaciones civiles y expertos en torno a una iniciativa que busca definir reglas claras para juzgar a actores armados ilegales y a personas vinculadas a la protesta social.
El proyecto introduce categorías específicas para diferenciar a los grupos armados.
Los GAOML, con control territorial y fines políticos, y los GAO, sin esos fines, recibirían un tratamiento transicional con penas reducidas que van de dos a ocho años, siempre condicionadas a la desmovilización, entrega de bienes, verdad y reparación.
En contraste, las EAOCAI, estructuras criminales de alto impacto, tendrían un tratamiento retributivo, con rebajas de entre 40 % y 60 % solo si colaboran con su desmantelamiento.
Para los casos derivados de la protesta social, se contempla el principio de oportunidad en delitos menores y rebajas de hasta el 70 % en delitos graves, si hay reparación y verdad.
Uno de los puntos que ha causado polémica es la reducción de penas para responsables de crímenes graves, lo que ha despertado críticas de algunos sectores que consideran que podría interpretarse como impunidad. Sobre esto, el Ministerio de Justicia defendió el proyecto señalando que se trata de un modelo de justicia integrada.
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A esta hora avanza la audiencia pública sobre el proyecto que establece un tratamiento penal
diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley 🏛.#EnVivo por YouTube 👇🏼.https://t.co/NKSXuph0to pic.twitter.com/hD6eezDRGq— Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) September 1, 2025
Por su parte, Juan David Villalba, director de Justicia Transicional, afirmó que “la gente está reclamando un marco jurídico para la paz que permita brindarle seguridad jurídica a las víctimas y también a quienes decidan acogerse”. Añadió que “este proyecto no significa impunidad, sino acceso a la justicia con verdad y reparación”.
En cuanto a las garantías para las víctimas, el Ministerio sostuvo que el proyecto les otorga un papel central en todas las etapas del proceso.
“Brinda herramientas jurídicas a jueces y fiscales para adelantar investigaciones claras y oportunas que permitan conocer quiénes fueron financiadores y colaboradores, con participación de las víctimas en cada fase”, dijo Villalba.
Desde el Congreso también se reconoció la controversia. El representante Gabriel Becerra explicó que “este es un proyecto polémico por el contexto de violencia y magnicidio, pero lo importante es abrir espacios de diálogo y escuchar a las víctimas y a los centros de pensamiento”.
Destacó que los temas más debatidos tienen que ver con “el monto de las penas, la inclusión de la protesta social dentro del mismo proyecto y las medidas de sometimiento”.
Finalmente, indicaron que en la Comisión Primera continuará la construcción de la ponencia con los insumos recogidos en estas audiencias, con el compromiso de ajustar los puntos sensibles, sin perder de vista que el objetivo principal es garantizar justicia, reducir la violencia y avanzar hacia la Paz Total.