Masacre en el Verbenal: cinco años después, las familias siguen exigiendo justicia
Este 9 de septiembre se cumplen cinco años de la masacre ocurrida en Bogotá y Soacha, cuando 13 jóvenes perdieron la vida y decenas de personas resultaron heridas durante las manifestaciones que surgieron tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de la Policía.
Lo que inició como una protesta ciudadana se convirtió en una de las jornadas más graves de represión estatal en la capital. Según testigos y organizaciones sociales, la fuerza pública disparó de manera indiscriminada contra la población civil. Las víctimas fueron identificadas como: Julieth Ramírez, Angie Paola Baquero, Cristhian Andrés Hurtado, Anthony Gabriel Estrada Espinosa, Fredy Mahecha, Eider Arias, Germán Puentes, Cristián Camilo Hernández, Julián Mauricio González, Lorwan Mendoza, Jaider Fonseca, Andrés Felipe Rodríguez y Cristián Rodríguez.
Cinco años después, los procesos judiciales avanzan con lentitud, no existe una condena por los homicidios del 9S y los demás expedientes permanecen en etapas preliminares. Las familias denuncian impunidad, falta de reparación y ausencia de garantías de no repetición, mientras que defensores de derechos humanos insisten en que el cambio de nombre del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) a UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) no ha representado una transformación real en las prácticas de la Policía.
La versión oficial ha señalado que no hubo una orden directa de disparar, pero para las víctimas y sus allegados la masacre no fue un hecho aislado ni un exceso individual, sino parte de una política de represión contra la protesta social. Aseguran que el uso desproporcionado de la fuerza, el encubrimiento institucional y la ausencia de sanciones a los responsables refuerzan la idea de que se trató de un crimen de Estado.
A cinco años, los nombres de los jóvenes asesinados siguen siendo símbolo de memoria y dignidad. Sus familias reiteran que la exigencia es verdad, justicia y no repetición. Advierten que, sin cambios estructurales, la represión continuará siendo la respuesta del Estado frente a la protesta. Reclaman transformaciones que renueven la relación entre Fuerza Pública y ciudadanía y subrayan que la memoria de las víctimas demanda un compromiso: nunca más un joven que proteste pacíficamente debe ser visto como enemigo interno ni el Estado puede volver a usar las armas contra su propio pueblo.