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JEP sentenció a 12 militares del Batallón La Popa por 135 falsos positivos

Las condenas que deberán cumplir los militares serán sanciones restaurativas entre 8 a 5 años.
JEP emitió sentencia a 12 militares del Batallón La Popa por falsos positivos
'X'/@JEP_Colombia
Dagoberto Mata

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia en el marco del Caso 03. Los comparecientes son: cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales en retiro que deberán cumplir sanciones propias de entre cinco y ocho años, consistentes en trabajos restaurativos diseñados con participación de las víctimas.

Militares sentenciados por la JEP

  • Guillermo Gutiérrez Riveros, mayor del Ejército a 8 años.
  • Heber Hernán Gómez Naranjo, mayor del Ejército, a 6 años.
  • Carlos Andrés Lora Cabrales, teniente a 5 años.
  • Eduart Gustavo Álvarez Mejía, subteniente del Ejército Nacional a 8 años.
  • Elkin Leonardo Burgos Suárez, subteniente, 5 años.
  • Efraín Andrade Perea, sargento Ejército Nacional, 6 años.
  • Manuel Valentín Padilla Espitia, sargento primero Ejército Nacional, 8 años.
  • José de Jesús Rueda Quintero, sargento viceprimero Ejército Nacional, 6 años.
  • Elkin Rojas, cabo tercero del Ejército Nacional, 6 años.
  • Yeris Andrés Gómez Coronel, soldado profesional del Ejército Nacional, 7 años.
  • Alex José Mercado Sierra, soldado profesional del Ejército Nacional, 7 años.

Entre ellos se destacan la construcción de un mausoleo de la memoria en Valledupar, centros culturales y de memoria para pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como proyectos productivos y comunitarios en la región.

La JEP determinó que los crímenes constituyeron un patrón macrocriminal sistemático, articulado con estructuras paramilitares, que afectó de manera particular a campesinos, indígenas y afrodescendientes, incluyendo comunidades Kankuamo, Wiwa y consejos afro Kusuto Ma Gende y José Prudencio Padilla.

La magistrada Ana Manuela Ochoa Arias destacó que la sentencia busca dignificar a las víctimas y garantizar la no repetición, mientras que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, señaló que los pueblos indígenas fueron estigmatizados y usados como excusa para justificar estos crímenes.

La implementación de las sanciones será monitoreada por la Secretaría Ejecutiva de la JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Con este fallo, la jurisdicción reafirma su papel en el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, respondiendo a las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado.

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