La Corte Suprema otorga calidad de víctima al presidente Petro en juicio por interceptaciones ilegales del DAS
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acreditó este martes como víctimas al presidente de la República, Gustavo Petro; al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE); a seis exmagistrados de la Corte Suprema; y al periodista Daniel Coronell, en el juicio penal contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Andrés Peñate, por interceptaciones ilegales ejecutadas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El caso hace parte del entramado de espionaje político desplegado por el DAS entre 2005 y 2007 contra figuras de la oposición, magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas. Las actividades ilegales incluyeron seguimientos, interceptaciones, hostigamientos e incluso amenazas, bajo el pretexto de que quienes cuestionaban al Gobierno eran “enemigos internos” del Estado.
Según la decisión judicial revelada por Caracol Radio y confirmada por la Corte, el presidente Gustavo Petro —en su momento congresista de oposición y crítico del uribismo— fue objeto de vigilancia y perfilamientos irregulares. A través de su abogado Alejandro Carranza, el mandatario había solicitado ser reconocido como víctima, argumentando que esas acciones atentaron contra sus derechos fundamentales y su ejercicio político en democracia.
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“El hecho de que el Estado hubiese utilizado sus elementos para afectarlo en sus derechos de intimidad y la acción política constituyó un perjuicio y un daño moral”, explicó Carranza ante el alto tribunal.
Junto al presidente también fueron reconocidos como víctimas seis exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia —perseguidos en el mismo periodo por decisiones judiciales que afectaban al uribismo—, así como el periodista Daniel Coronell, quien denunció en múltiples columnas las irregularidades del DAS y fue objeto de amenazas y seguimientos.
La Corte también acreditó como víctima al DAPRE, actual dependencia de la Presidencia que heredó funciones institucionales tras la liquidación del DAS en 2011. La acreditación permite a estas personas y entidades participar en el proceso penal como intervinientes, presentar pruebas y solicitar medidas de reparación simbólica.
Antecedentes de un escándalo de inteligencia ilegal
El caso Peñate se suma a una cadena de condenas relacionadas con el escándalo del DAS, que provocó una de las mayores crisis institucionales del país. María del Pilar Hurtado, exdirectora del organismo, fue condenada en 2015 por su papel en el diseño de una estructura clandestina de inteligencia. Lo mismo ocurrió con Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia durante el segundo mandato de Álvaro Uribe.
Según las investigaciones judiciales, el DAS operó durante años una oficina secreta denominada G3, dedicada exclusivamente a vigilar ilegalmente a opositores políticos y miembros del poder judicial. Esta operación fue justificada internamente como una defensa contra la “guerra jurídica” que, según el uribismo, pretendía deslegitimar su mandato.
La acreditación de víctimas por parte de la Corte Suprema marca un paso clave hacia la verdad judicial y el reconocimiento de que hubo un uso indebido de la inteligencia estatal para fines políticos. El juicio contra Andrés Peñate continuará en las próximas semanas y podría arrojar nuevas revelaciones sobre la cadena de mando detrás de estas prácticas ilegales.
