"Canal 1 es una concesión del espectro electromagnético que terminó según el contrato", Pdte. Petro a Katherine Miranda
El presidente Gustavo Petro respondió a la representante a la Cámara Katherine Miranda tras sus críticas a la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Caracol Radio y Canal 1, por una presunta integración empresarial no informada.
Después de que la SIC publicara la noticia de la investigación, el presidente Petro trinó en su cuenta de ‘X’ el pasado 11 de septiembre: “Llegó al final el contrato de canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”.
Por su parte, Katherine Miranda le respondió: “Empezó la dictadura y expropiación de los medios de comunicación. El principal síntoma que de verdad vivimos en una democracia es la libertad de prensa, hoy la estamos perdiendo”.
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Réplica del presidente Gustavo Petro
El mandatario no se quedó callado ante estas acusaciones y le dijo por el mismo medio: “Katherine, el Canal 1 es una concesión del espectro electromagnético que terminó según el contrato. La Constitución dice que el espectro electromagnético es de la nación y es inenajenable. ¿Nos puede informar en dónde existe entonces una expropiación? ¿Es decir que la nación expropia a Canal 1 la propiedad de la nación? Que es el espectro electromagnético”.
Katherin, el canal 1 es una concesión del espectro electromagnético que terminó según el contrato.
La constitución dice que el espectro electromagnético es de la nación y es inenajenable
¿Nos puede informar en dónde existe entonces una expropiación?
¿Es decir que la nación… https://t.co/HF96j73atB— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025
¿Qué investiga la SIC?
Según información de la Superintendencia de Industria y Comercio, estos hechos son materia de investigación:
- El 9 de agosto de 2024 Caracol Radio y Canal 1 suscribieron un acuerdo de colaboración que denominaron ‘Carta de Intención’. Mediante ese instrumento, las empresas investigadas habrían establecido la estrategia -a largo plazo- orientada a trasladar a Caracol Radio la gestión de los dos ejes esenciales para la operación de Canal 1, con lo cual materializarían una integración entre las compañías.
- Las comunicaciones entre los directivos de las compañías evidenciarían que el objetivo de la relación comercial era promover que Caracol Radio fuera la encargada exclusiva de la determinación de la programación de Canal 1 y la gestión de su pauta. Al respecto, los directivos establecieron que dentro de las condiciones de la relación contractual estaba que Caracol Radio tuviera exclusividad en la gestión de la parrilla y en la labor como vendedor de la pauta.
- El 26 de septiembre de 2024 las empresas investigadas habrían celebrado un contrato que habría atribuido efectivamente a Caracol Radio la potestad de fijar los contenidos transmitidos en los horarios de mayor audiencia de Canal 1. En adición, habrían pactado que la primera tendría también influencia en los aspectos relacionados con la gestión de los espacios publicitarios de Canal 1.
- De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Superintendencia, estaría demostrado que a partir del 1 de octubre de 2024 se inició la ejecución efectiva de los contratos celebrados entre Caracol Radio y Canal 1. Desde ese día, en los horarios de mayor audiencia de Canal 1 -que abarcaron al menos 16 horas diarias de programación, entre el 70% y el 90% de la parrilla del Canal 1- se transmitieron los contenidos de titularidad de Caracol Radio, hasta el punto en que en los programas radiales de esa compañía se llegó a afirmar de Caracol Radio y Canal 1 que “vamos a ser uno solo”.
- Durante el mes de febrero de 2025, Caracol Radio y Canal 1 habrían celebrado tres contratos adicionales con los que se habría profundizado su relación comercial. En particular, esos contratos incluyeron estipulaciones en las que expresamente se encargó a Caracol Radio la potestad de realizar la gestión y venta de la publicidad disponible en Canal 1.
Posibles sanciones y repercusiones
De comprobarse la infracción, las empresas podrían enfrentarse a multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales, lo que hoy equivaldría a COP 142.350 millones. Adicionalmente, los directivos implicados también podrían enfrentar sanciones, incluyendo multas significativas.