Contraloría lanzó una alerta y pidió reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para sostener a las universidades públicas
La Contraloría General de la Nación emitió una alerta sobre la situación financiera que enfrentan las universidades públicas en Colombia, la cual estaría en un punto crítico, evidenciando la necesidad urgente de reformar el actual modelo de financiación establecido hace más de tres décadas.
Los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regulan la asignación de recursos a estas instituciones, han demostrado ser insuficientes para cubrir las crecientes demandas del sistema de educación superior, según el informe.
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Limitaciones del modelo actual
El artículo 86 establece que los aportes del Estado a las universidades públicas deben incrementarse anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, este indicador no refleja adecuadamente los costos reales de funcionamiento de las instituciones educativas, que incluyen salarios de docentes y administrativos, mantenimiento de infraestructura, inversión en tecnología e investigación, entre otros. Como resultado, las universidades han experimentado un déficit acumulado que, según estimaciones, supera los 15 billones de pesos .
Entre tanto, el artículo 87 estipula que el Gobierno nacional debe aumentar sus aportes en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, esta disposición ha sido insuficiente para contrarrestar el desfinanciamiento estructural que afecta a las instituciones de educación superior.
Propuesta de reforma: hacia un modelo más equitativo y sostenible
El Gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de ley "Acuerdo Nacional por la Educación Superior", que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30. La propuesta plantea los siguientes cambios:
- Incrementos en la financiación en base al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES).
- Aumento progresivo de la inversión en educación superior pública, con el objetivo de alcanzar el 1% del PIB en los próximos 15 años, acercándose así a los estándares internacionales .
- Expansión de la oferta educativa en municipios que actualmente carecen de instituciones de educación superior, así como el fortalecimiento de la planta docente y administrativa.
Participación y consenso: claves para el éxito de la reforma
La construcción de esta reforma ha contado con la participación activa de diversos actores del sector educativo, incluyendo estudiantes, docentes, rectores y representantes de las instituciones técnicas y tecnológicas. A través de audiencias públicas y mesas de trabajo, se ha buscado consolidar un consenso nacional en torno a la necesidad de transformar el modelo de financiación de la educación superior .
El informe de la Contraloría resalta que es fundamental que el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República trabajen conjuntamente para garantizar el respaldo fiscal necesario que permita la implementación efectiva de la reforma .
La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 representa una oportunidad histórica para garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas en Colombia y asegurar el acceso a una educación superior de calidad para las futuras generaciones, concluye.
