Presidente de la Cámara defiende legalidad del trámite de la reforma pensional
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, entregó un extenso informe en el que asegura que se cumplió cabalmente el mandato de la Corte Constitucional para subsanar el vicio de trámite en el debate de la reforma pensional.
Según explicó, las providencias de la Corte son exigibles desde el momento en que se divulga la parte resolutiva, como ocurrió con el comunicado del auto 047 de 2025.
“El mandato comenzó a regir desde que fue enviado a la oficina jurídica y comunicado a la opinión pública”, indicó.
De acuerdo con Salamanca, el decreto presidencial 747 del 27 de junio, que convocó a sesiones extraordinarias, fue legalmente expedido y citado, y no corresponde a la Cámara evaluarlo.
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Salamanca detalló que la citación se realizó ese mismo día y que se convocó a sesión extraordinaria a las tres de la tarde. “La plenaria estaba enterada desde el 17 de junio.
"La asistencia de 126 representantes demuestra que hubo conocimiento pleno de la convocatoria”, afirmó. También aclaró que el quórum fue certificado por la Secretaría General y que se respetaron los procedimientos legales para el anuncio del proyecto.
Sobre el desarrollo del debate, indicó que se garantizó el uso de la palabra a todas las bancadas, sin límite de tiempo, y que participaron 34 congresistas. “Se garantizó una deliberación amplia y suficiente, como lo exigió la Corte”, sostuvo. La proposición sustitutiva para acoger el texto del Senado fue aprobada con 104 votos a favor y 9 en contra.
Salamanca explicó que, tras la aprobación, se presentó una apelación y luego una proposición para reabrir el debate, lo que finalmente fue negado por mayoría. “Se ratificó políticamente el texto del Senado como articulado definitivo de la reforma”, indicó. Añadió que esa decisión fue autónoma y se tomó con más garantías que en el debate original del 2024.
Frente a la ausencia de bancadas como el Centro Democrático y Cambio Radical, Salamanca subrayó que fue una decisión política amparada por la Constitución. “Ellos decidieron no asistir pese a contar con todas las garantías logísticas. Es una posición respetable”, concluyó.
Finalmente, señaló que el informe será enviado a la Corte Constitucional, que deberá decidir si el vicio de trámite fue efectivamente subsanado. “Yo acataré la decisión. Solo intenté dar más garantías, pecar por exceso y no por defecto”, dijo Salamanca.
