Mujeres rurales, campesinas y de la pesca ya tienen una ley que protege sus derechos
El proyecto de ley ‘Mujeres rurales, campesinas y de la pesca’, impulsado por la representante a la Cámara por Córdoba, Ana Paola García Soto, fue sancionado por el presidente de la República y ya es ley de la República.
Esta norma busca garantizar mayores oportunidades y condiciones de vida dignas para miles de mujeres en las zonas rurales del país.
La ley contempla la creación de cupos especiales y líneas de crédito con tasas preferenciales, diseñadas para apoyar proyectos liderados por mujeres rurales. También les otorga prioridad en programas relacionados con agricultura campesina, familiar y comunitaria, así como en iniciativas productivas vinculadas a economías ecológicas, biológicas y tradicionales.
“Con esta ley protegemos y visibilizamos a las mujeres que han sido históricamente olvidadas en el campo colombiano”, afirmó Ana Paola García.
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La sanción presidencial coincidió con la conmemoración del aniversario del departamento de Córdoba, lo cual fue calificado por la representante como “un regalo para las mujeres de la región”.
El articulado también obliga al SENA a incorporar un enfoque de género en todos sus programas de formación técnica y profesional. Esta disposición busca responder a las realidades específicas que enfrentan las mujeres rurales, fortaleciendo sus capacidades para acceder al empleo, al emprendimiento y a mercados regionales y nacionales.
Otro de los ejes centrales de la ley es el compromiso estatal con la protección integral de la salud física y mental de esta población. Para ello, se desarrollarán políticas y programas diferenciados que atiendan las necesidades de salud pública en la ruralidad, con un enfoque territorial y comunitario.
“Cerrar las brechas históricas de discriminación contra las mujeres del campo es una deuda del Estado, y esta ley es un paso firme en ese camino”, sostuvo la congresista.
La norma también promueve la participación activa de las mujeres rurales en la formulación de políticas públicas y en espacios de toma de decisiones, a nivel local y nacional.
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De acuerdo con cifras del DANE, en Colombia viven más de 4 millones de mujeres en zonas rurales. La mayoría enfrenta barreras de acceso a crédito, educación, salud y participación política.
Esta ley, que ya entró en vigencia, busca revertir esa realidad y avanzar hacia una Colombia más equitativa desde el territorio.
Finalmente, indicaron que la implementación de esta norma estará a cargo del Gobierno Nacional, en coordinación con alcaldías, gobernaciones y entidades como el Ministerio de Agricultura, el SENA y el Ministerio de Salud.
