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"Vulnera derechos humanos fundamentales”: Gobierno de Colombia rechazó orden de captura de Guatemala contra fiscal Camargo y exministro Velásquez

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó la decisión como un acto que carece de sustento jurídico y que constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional.
Gobierno colombiano rechazó orden de captura a fiscal Camargo e Iván Velásquez
Foto 1: Fiscalía | Foto 2: Iván Velásquez
Camila Rivera

El Gobierno de Colombia expresó este martes su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez, embajador designado ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó la decisión como un acto que carece de sustento jurídico y que constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional.

La Cancillería denunció que la medida representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, al tiempo que vulnera principios esenciales de los derechos humanos.

“Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales”, señaló el comunicado. 

“La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”.

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La justicia guatemalteca solicitó la emisión de una alerta roja de Interpol contra los funcionarios colombianos, intensificando así una controversia que amenaza con tensar las relaciones bilaterales.

La orden de captura ha sido interpretada como parte de una posible campaña de represalia, especialmente considerando el rol previo de Iván Velásquez como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por Naciones Unidas que lideró investigaciones clave contra la corrupción antes de su disolución en 2019.

Ante esta situación, el Gobierno colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional para rechazar lo que considera una instrumentalización preocupante de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad y cooperación que debe regir las relaciones entre Estados.

“Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta actuación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados”, concluye el comunicado.

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