Presidente Petro anuncia “decretos adicionales” para garantizar que las tarifas de energía reflejen los costos reales del servicio
El presidente Gustavo Petro anunció este sábado la expedición de decretos adicionales al 1072 del 15 de octubre, norma que busca estabilizar las tarifas de energía eléctrica y limitar la especulación en la llamada “bolsa de energía”.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado afirmó que “el decreto que pone un techo a la llamada bolsa de energía, que es un mecanismo especulador, será acompañado de varios decretos adicionales, con el fin de hacer cumplir el mandato constitucional en los servicios públicos”.
La declaración fue una respuesta directa a un artículo de Blu Caribe, medio que señaló que el decreto “podría tener un impacto limitado” al incidir solo sobre uno de los componentes tarifarios. Frente a esa interpretación, el mandatario enfatizó: “Las tarifas deben reflejar los costos del servicio. Punto”, reafirmando que la meta del Gobierno es romper la cadena de sobreprecios que afectan a los usuarios residenciales.
Una política para reducir la volatilidad energética
El decreto 1072, de autoría del Ministerio de Minas y Energía, establece lineamientos de política pública para proteger a los hogares colombianos frente a la volatilidad de los precios de generación, especialmente durante los periodos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.
La medida busca que los generadores de energía vendan su producción a precios estables durante las distintas temporadas, reduciendo su exposición al mercado spot y promoviendo contratos de largo plazo.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, explicó que el objetivo es garantizar tarifas “más justas y predecibles” para los usuarios:
“El propósito es que ningún colombiano pague más por la energía debido a la especulación o a la volatilidad de la bolsa. Este decreto fortalece la estabilidad tarifaria y garantiza un servicio confiable y justo para todos los usuarios”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene ahora un plazo de tres meses para diseñar los mecanismos de implementación, entre ellos nuevas fórmulas de contratación, instrumentos flexibles de cobertura y estrategias que impulsen las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER).
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Justicia energética y soberanía regulatoria
El enfoque de la nueva política energética se sustenta en el principio constitucional de que los servicios públicos deben prestarse bajo criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad, sin permitir que los costos se determinen por prácticas especulativas.
La medida también refuerza el compromiso del Gobierno con una transición energética justa, en la que el bienestar de las familias y la estabilidad económica de las regiones pesen más que las fluctuaciones del mercado.
El Ministerio de Minas y Energía reiteró que el sistema eléctrico colombiano no puede depender de una lógica de precios variables que castigue a los consumidores más vulnerables, especialmente en zonas donde el acceso a la energía ya enfrenta sobrecostos históricos.
Reforma estructural del sistema tarifario
Con la expedición de nuevos decretos y la revisión de los modelos de comercialización de energía, el presidente Petro apunta a una reforma estructural del sistema tarifario, orientada a reducir la desigualdad y a devolver transparencia al mercado eléctrico.
La estrategia combina regulación técnica, control de precios y planificación pública, con el propósito de consolidar una “justicia energética” que haga del servicio de electricidad un derecho accesible, estable y sostenible.
El Gobierno prevé que los ajustes regulatorios se traduzcan en facturas más justas para los hogares colombianos y en un sistema menos vulnerable frente a los ciclos especulativos del mercado.